La situación de la mujer en México, al igual que en el resto del mundo, siempre ha estado en desventaja con respecto a la del hombre. De acuerdo con el Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad, el 60 por ciento de los pobres del mundo son mujeres, dos terceras partes de los adultos analfabetas pertenecen al sexo femenino, una cuarta parte de los jefes de familia son mujeres y el sueldo de las mujeres es entre un 30 y un 40 por ciento menor que el de los hombres que desempeñan trabajos similares.
Por otra parte, de acuerdo con el INEGI, en México, nueve de cada 10 víctimas de violencia doméstica son mujeres y la Organización Panamericana de la Salud prevé que una de cada cuatro mujeres sufrirá la violencia sexual de su pareja a lo largo de su vida.

Cifras como las mencionadas nos permiten comprender por qué, en los albores del siglo XXI, las mujeres necesitan seguir uniéndose y preparándose para exigir equidad de género y luchar por mejores oportunidades de trabajo y acceso a la educación y la salud, porque, como pilar fundamental de la familia, la igualdad de oportunidades significa un elemento de cambio social que repercute no sólo en beneficio de las propias mujeres sino también en el de sus hijos, sus hijas, su familia y la comunidad en general.

Numerosos estudios muestran que, cuando las mujeres cuentan con un grado más alto de educación, su salud reproductiva mejora, su productividad y su nivel de ingresos se incrementan y ellas desarrollan un mayor grado de libertad y poder sobre su vida, con la consecuente posibilidad de tomar mejores decisiones sobre su bienestar y el de los suyos.